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Lavado de dinero, ¿qué es y cómo prevenirlo con compliance?

El delito de lavado de dinero, también conocido como lavado de activos o blanqueo de capitales, es el proceso mediante el cual recursos de procedencia ilícita o ingresos que son producto de actividades delictivas ocultan su fuente ilegal con la expectativa de que circulen normalmente y sin problema en el sistema financiero.

El concepto de “lavar dinero” nació en los años 20 en Estados Unidos a partir de la actuación de organizaciones clandestinas de criminales. Estas crearon una amplia red de lavanderías con el fin de esconder el origen delictivo de sus actividades. La metodología utilizada permitía justificar y encubrir las ganancias recibidas por actividades ilícitas como parte del negocio de lavandería.

En definitiva, la práctica fuera de la ley empleada en múltiples países del mundo se enfocó en ajustar a la legalidad toda procedencia ilícita de dinero, integrándolo al circuito formal del sistema financiero. A causa de ello, se fundaron multiplicidad de organizaciones nacionales (Unidad de Información Financiera o UIF) e internacionales que implementan acciones de prevención y sanción a personas y empresas vinculadas al acto criminal.


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¿Qué métodos y formas se utilizan para el lavado de dinero? ¿Cuáles son sus fases?

El delito de lavado de dinero a menudo conlleva una compleja serie de transacciones difíciles de separar. Sin embargo, generalmente, se pueden distinguir tres fases en el proceso de “lavar dinero”.

1- Fase Uno: colocación

Disposición material de dinero en efectivo, proveniente de actividades delictivas. Durante esta fase inicial, el lavador de dinero introduce sus recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero. A menudo, esto se logra poniendo en circulación esos fondos a través de instituciones financieras, casinos, tiendas y otros negocios o empresas, tanto nacionales como internacionales. Esta fase puede conllevar transacciones.

2- Fase Dos: estratificación

Separación de fondos ilícitos de su fuente de origen, mediante “capas” de transacciones financieras cuyo fin es cubrir la transacción. La segunda fase supone la conversión de fondos procedentes de actividades ilícitas en otra forma y crear capas complejas de transacciones financieras para disimular las pistas de auditoría, la fuente y la propiedad de los fondos. Esta fase puede incluir transacciones.

3-  Fase Tres: integración

Dar apariencia legítima a riqueza ilícita, mediante el reingreso en la economía en forma de transacciones comerciales o personales que aparentan ser normales. Esta fase conlleva la colocación de los fondos lavados de vuelta a la economía para crear una percepción de legitimidad.

En la fase de integración es extremadamente difícil distinguir la riqueza legal de la ilegal. Esta etapa le ofrece al lavador la oportunidad de incrementar su riqueza con los productos del delito. La integración es generalmente difícil de detectar, a menos que exista gran discrepancia entre el empleo, los negocios o las inversiones legítimas de una persona o compañía y la riqueza de la persona o los ingresos o activos de la compañía.

Es por ello que es de suma importancia tener un sistema de control y monitoreo y una gestión de riesgos con el fin de mitigar los riesgos de la fase I y II. Esto incluye el control de PEPs, listas de terroristas, Relaciones Comerciales, aspectos legales, aspectos reputacionales, etc.

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¿Qué organismos nacionales se encargan de controlar?

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, o FATF en inglés) es el organismo multinacional que fomenta las acciones a nivel internacional para la lucha contra el lavado de dinero. A nivel local, nuestro sistema financiero también se rige bajo los principios del GAFI a través de la supervisión de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central (BCRA).

¿Cuáles son las consecuencias del lavado de dinero?

El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo pueden tener consecuencias económicas, sociales y de seguridad potencialmente devastadoras. Si bien estos delitos pueden ocurrir en cualquier país, tienen consecuencias económicas y sociales particularmente importantes para los países en desarrollo, los mercados emergentes y los países con sistemas financieros frágiles. Los impactos negativos del lavado de dinero suelen aumentar en estos mercados porque suelen tener sistemas financieros menos estables. No existen normativas bancarias y son más vulnerables a la influencia de delitos criminales o del terrorismo.

Algunos de los efectos del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo, son:

  • Aumento del delito y la corrupción;
  • Pérdida de credibilidad del sector privado;
  • Debilitamiento de las instituciones financieras;
  • Distorsión económica e inestabilidad;
  • Aumento del Riesgo país en conjunto al riesgo reputacional;
  • Costos Sociales como ser en salud, seguridad (por instalación de carteles), etc.

Herramientas para prevenir sanciones

Hoy en día es necesario contar con un marco regulatorio internacional y local, así como también con un sistema de gestión y monitoreo para poder mitigar los riesgos del lavado. A su vez, es necesario contar con herramientas de control y soporte que permitan a la institución ser lo suficientemente robusta en términos de compliance como para poder operar de manera clara y transparente. Estas pueden ser:

  • el control de PEPs;
  • Tener un criterio de riesgo a momento del onboarding;
  • Construir un proceso de diligencia definido para cada caso;
  • entre otros.

Nosis Compliance es un set de herramientas especialmente desarrollado para agilizar la tarea de oficiales de cumplimiento o Compliance Officers en la detección temprana de riesgos y la prevención de delitos como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Nuestra solución le permite no solo acceder a la base de relaciones de las personas y empresas más completa del país, sino también integrarla con antecedentes crediticios, laborales, judiciales, historial de publicaciones en edictos y otras variables. Además, cuenta con una base de más de 185 mil individuos calificados como Personas Expuestas Políticamente (PEP) en Argentina.


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