Según el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), los países tienen el deber de identificar, evaluar y comprender los riesgos que enfrentan con respecto al lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP). Para esto deben implementar políticas a escala nacional que permitan controlar los riesgos identificados, ser revisadas periódicamente y contar con una autoridad encargada responsable.
Las características de cada proceso y metodología que se utilice en estas políticas deben ser definidas por cada país según sus objetivos. En cuanto a este punto no hay una estructura obligatoria sino que lo importante es que los planes o estrategias que tomen cada uno de ellos permitan efectivamente combatir estos riesgos.
Si bien no hay una estructura estándar a nivel mundial para la elaboración de estas políticas, si deben cumplir una serie de recomendaciones del GAFI:
- Recomendación 1 Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo.
- Recomendación 2 Cooperación y coordinación nacional.
- Recomendación 15: Nuevas tecnologías.
- Recomendación 34: Guía y retroalimentación.
El Decreto Nº 331/2019 señala la necesidad de “generar una Estrategia Nacional efectiva y eficaz para combatir a los citados delitos.
En nuestro país se elaboró la primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos (“ENR-LA”) aprobada en junio de este año por el Comité de Coordinación para la prevención y lucha contra el lavado de activos la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Ésta concluyó en septiembre de este año con la aprobación del informe de la “ENR-FT/FP 2022”.
El Comité de Coordinación ALA/CFT/CFP es el órgano que lidera políticamente este ejercicio, encontrándose a cargo de la dirección general del proceso, para finalmente realizar la propuesta de Estrategia Nacional al Poder Ejecutivo Nacional.
Participaron de todo este proceso, de parte del sector público, los organismos y agencias que integran el Comité de Coordinación (UIF – Unidad de Información Financiera, AFI -Agencia Federal de Inteligencia-, BCRA – Banco Central de la República Argentina, Agencia Federal de Ingresos Públicos - AFIP, SSN - Superintendencia de Seguros de la Nación-, CNV - Comisión Nacional de Valores-, INAES - Instituto de Asociativismo y Economía Social-, CSJN - Corte Suprema de Justicia de la Nación-, MPF - Ministerio Público Fiscal-, entre otros), otros organismos provinciales y nacionales y también hicieron su aporte algunos sectores privados.
En cuanto a las fuentes de información utilizadas, se recurrió fundamentalmente a la información recolectada y analizada en el marco de la ENR-LA y la ENR-FT/FP 2022, que incluyó no solo información de fuentes nacionales sino también internacionales.
Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos (ENRLA)
En 2020 se inició el proceso de elaboración de la primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos (ENR-LA) de la República Argentina para el cual se trabajó con la asistencia técnica al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El proceso concluyó en junio de 2022.
La participación del sector privado se instrumentó en distintos momentos del proceso. En primer lugar, en la etapa de recopilación inicial de información se efectuaron consultas a distintos sujetos obligados del Sector Financiero. En la etapa final de la ENR también se convocó al sector privado mediante la organización de 2 instancias de intercambio y retroalimentación: una en la cual los sujetos obligados enviaron sus comentarios sobre sus percepciones y valoración del Sistema Nacional ALA/CFT/CFT a través de un cuestionario digital elaborado para este propósito; y otra presencial, en la cual se celebró una reunión con los sujetos obligados del sector financiero y otra con los sujetos del sector no financiero.
El siguiente es el detalle del envío de los cuestionarios por vía digital, discriminados por sujeto obligado:
En cuanto al ejercicio de cuantificación del riesgo de la ENR-LA, se utilizó un esquema con un rango de 5 niveles de riesgo y, una una escala de 1 al 10, el cual permite mayor sensibilidad.
A partir del análisis de la información recolectada a lo largo de este proceso, se logró identificar las principales vulnerabilidades de la República Argentina, a saber:
Vulnerabilidades de rango medio-alto (3):
- Extensión de las fronteras, dificultad de su control y riesgos asociados al comercio internacional
- El control de personas y estructuras jurídicas y la identificación de beneficiarios finales
- Falta de regulación integral sobre activos virtuales (AV) y proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV)
Vulnerabilidades de rango medio (3):
- Corrupción
- Problemas vinculados a la persecución penal y el recupero de activos
- Dimensión de la economía informal y el uso de efectivo
Vulnerabilidades de rango medio-bajo (5):
- Falta de inclusión de abogados y proveedores de servicios fiduciarios y societarios como sujetos obligados
- Regulación parcial de otros proveedores no financieros de crédito (OPNFC) y proveedores de servicios de pagos (PSP)
- Desactualización de los montos de las sanciones administrativas ALA/CFT
- Falta de enfoque basado en riesgo (EBR) en ciertas normas
- Operaciones marginales de cambio
Analizando esta información en conjunto con las amenazas identificadas, el riesgo general de la República Argentina en materia de lavado de activos se estimó en el valor de 5,27, ubicándose en un rango medio.
Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ENR-FT/FP 2022)
En 2019 se aprobó el informe de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República Argentina. Se decidió revisarla dado que las Evaluaciones Nacionales de Riesgos deben ser sometidas a revisión cada dos (2) años para efectuar las actualizaciones que correspondan.
Para el desarrollo de este ejercicio se utilizaron fuentes de información de distintas autoridades competentes, siendo de gran valor la información proveniente de los distintos órganos de seguridad nacional, autoridades de orden público, informes de inteligencia y otros productos de investigación de las autoridades que participan del régimen Contra Financiación del Terrorismo (CFT)
En materia de FT, se identificaron las siguientes 10 vulnerabilidades principales, varias de las cuales coinciden con las identificadas en la ENR-LA.
Vulnerabilidades de rango medio-alto (3):
- Extensión de las fronteras, dificultad de su control y riesgos asociados al comercio internacional
- Nuevos productos y servicios de pago y falta de regulación integral sobre activos virtuales (AV) y proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV)
- El control de personas y estructuras jurídicas y la identificación de beneficiarios finales
Vulnerabilidad de rango medio (1):
- Dimensión de la economía informal y el uso de efectivo
Vulnerabilidades de rango medio-bajo (3):
- Operaciones marginales de cambio y movimiento de divisas
- Abuso o utilización de algunas OSFL (Organizaciones sin fines de lucro) para facilitar el FT
- Deficiencias del marco normativo
Vulnerabilidades de rango bajo (3):
- Tarjetas de crédito
- Remesas
- Transferencias internacionales y comercio internacional
Analizando esta información en conjunto con las amenazas identificadas, el riesgo general de la República Argentina en materia de FT se estimó en el valor de 3,304, ubicándose en un rango medio-bajo.
Descripción general de la Estrategia Nacional
En cuanto al tipo de estrategia, se optó por una integral, que en el futuro pueda ser complementada por estrategias temáticas o sectoriales. Respecto al período a incluir en la planificación, se optó por tomar un período que inicie con la aprobación de la Estrategia Nacional y abarque hasta el 31/12/2024.
La Estrategia Nacional se encuentra estructurada en diez objetivos generales. En la mayoría de los casos se encuentran vinculados con más de una vulnerabilidad.
En el marco de la ejecución de las acciones contenidas en la Estrategia Nacional relacionadas a los delitos precedentes del Lavado de Activos, se deberá priorizar el abordaje de aquellos identificados en la ENR-LA como las principales amenazas del país (en particular, narco criminalidad, delitos tributarios y aduaneros, entre otros).
A continuación se detallan los 10 objetivos generales del plan de Acción 2022-2024 de la Estrategia Nacional:
Objetivos Generales:
- Fortalecimiento de las bases para el trabajo conjunto de los actores del Sistema ALA/CFT/CF.
- Armonizar el marco normativo nacional ALA/CFT con los estándares internacionales.
- Fortalecer los mecanismos de intercambio de información entre los actores del sistema ALA/CFT/CFP
- Fortalecer la detección, investigación y sanción de los delitos de LA y FT.
- Potenciar las políticas de recupero de activos.
- Fortalecer el control de las personas y estructuras jurídicas y la identificación de los beneficiarios finales.
- Asegurar una correcta implementación de las sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo, la FT y la FP.
- Fortalecer las medidas para proteger a las OSFL del abuso para el FT.
- Abordar las restantes vulnerabilidades detectadas (economía informal y uso intensivo de efectivo, control de las fronteras desde el sistema ALA/CFT/CFP y control de las operaciones marginales de cambio).
- Potenciar el abordaje de las amenazas identificadas en la ENR-LA y en la ENR-FT/FP 2022.
